El proceso que tiene como objetivo la resiliencia de las comunidades ante los eventos que generan efectos adversos, conlleva de manera explícita el que los miembros de la comunidad sean receptivos y colaborativos con las acciones que las autoridades responsables de la gestión integral de riesgo de desastre (GIRD) implementen.
La eficacia de dicha colaboración, que podríamos considerar como la “última milla” del proceso, está directamente relacionada con el nivel de riesgo aceptable con que cuente de la población, entendido esto, como el nivel de probabilidad de pérdida que se dispone asumir el ciudadano, como resultado de un análisis propio respecto a su estado de exposición y de su propia vulnerabilidad ante un peligro identificado o reconocido.
Los elementos para dicho análisis de tipo personal, está ligado de forma muy estrecha con la información que reciba la población sobre el funcionamiento del peligro que se trate, los efectos sobre las personas y bienes expuestos, así como las características de vulnerabilidad física y social que disminuyen o aumentan el nivel de riesgo específico. Es por ello, que el trabajo primordial de las autoridades responsables de la GIRD, deben enfocar esfuerzos suficientes para llevar a un nivel adecuado la percepción del riesgo de la población objetivo.
El que la población mantenga un nivel de riesgo aceptable, acorde a los peligros y estado físico y social en que se encuentra y en su entorno, aumentará la participación de la comunidad en acciones implementadas por las autoridades, recibirá de manera más objetiva los mensajes de las autoridades, de manera especial, aquellos relativos a la alerta temprana de fenómenos, y en consecuencia realizará y colaborará de manera adecuada con los planes y programas destinados a la reducción del riesgo de desastre (RRD).
Con ello, observamos que a fin de que el proceso de resiliencia tenga éxito en una comunidad, es menester que la percepción de sus habitantes se encuentre en perfecta sintonía con el nivel de riesgo identificado, ya que este es el fundamento de los planes específicos para la protección de la vida de las personas, sus bienes y su entorno, de no ser así, es posible que no se logren los objetivos planteados, y ello no es por causa de un mal diseño de los planes, si no que, la población no los percibe de importancia conforme a su nivel de riesgo aceptable.
En mi experiencia, tal situación es más notoria cuando se trata de actividades relacionadas con la seguridad e incertidumbre que se traduce en valor monetario; su propiedad, patrimonio o inversión. Esto es, cuando los habitantes deben de realizar evacuación de sus viviendas, invertir en obras de protección para sus bienes, o en la adquisición de equipos y materiales para modificar su vulnerabilidad, o en la dedicación de tiempo para realizar tales acciones. La inversión que las autoridades realicen para fortalecer la percepción del riesgo, siempre será menor, que los daños causados por un peligro, cuando por una mala percepción de la población, no se llegue al objetivo de los planes.
Germán Pinto Aceves. Licenciado en Derecho, Consultor Especialista en Gestión de Riesgo de Desastre, participó durante 24 años con el Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco, México. Diseñó y coordinó la implementación de los Sistemas de Monitoreo y Alertamiento para Crisis Volcánica del Volcán Colima, así como el correspondiente para Tsunamis y Ciclones Tropicales en la costa de Jalisco. Coordinó la integración del Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Jalisco, y es profesor de diplomados y conferencista en materia de Gestión de Riesgo de Desastre en diversas instituciones públicas y privadas. Colabora actualmente en la elaboración de la aplicación móvil del Sistema Nacional de Alerta de Desastre por Fenómenos Naturales del Sistema Nacional de Protección Civil de México.